POR UN ESTADO LAICO, YA!



    Han pasado ya 8 años de la publicación de este libro por mi amigo José Mª y yo, cobrando su temática cada día más actualidad, como lo prueban dos noticias que ha poco han aparecido en la prensa. La primera es la lista de 3.722 propiedades que la Iglesia católica puso a su nombre  en Cataluña, sin probar su titularidad. Es cierto que la mitad de las propiedades son centros de culto y que el resto son plazas, equipamientos deportivos o terrenos rústicos etc. Como se sabe, en virtud de una ley franquista de 1946, la jerarquía de la Iglesia católica inscribió a su nombre en los registros de la propiedad a decenas de miles de inmuebles en toda España. Esa norma permitía que con solo la firma de un obispo se pudiera registrar por primera vez (inmatricular, en expresión jurídica) la propiedad de un inmueble, sin necesidad de certificar de alguna forma dicha propiedad. Por este privilegio arbitrario,  la Iglesia católica pretende ser titular de innumerables monumentos, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la Seo de Zaragoza, Sta. Maria del Mar de Barcelona, incluso Iglesias ya declaradas monumentos nacionales, como San Juan de los Panetes, en Zaragoza. Aunque otras propiedades son edificios y casas rectorales y de maestros, cementerios, frontones, plazas y fincas rústicas etc.  En 2018 el Colegio de Registradores de la Propiedad entregó al gobierno un listado de esos bienes inmatriculados, solo desde 1998. Según la Conferencia Episcopal española puede ser entre 30.000 o 40.000 inmatriculaciones. Pero el gobierno del PSOE no la ha hecho publica aún. Esta claro, que esta voracidad avariciosa de la jerarquía de la iglesia católica está en contra de su profesión de fe cristiana y es contraria también al derecho, por lo que tendrá que devolver todas las propiedades que eran de titularidad publica, es decir, de todos. No obstante,  este sería solo un pequeño paso hacia el Estado laico, no solo aconfesional, al que aspiramos. Lo propio es que todos los bienes inmuebles de patrimonio cultural, sean iglesias u otra clase de monumentos, pasen a ser de titularidad pública, como bienes de todos, aunque los inmuebles de culto, de la Iglesia católica u otra  religión, sean gestionados por dichas confesiones religiosas. Este sería un paso más para declararnos Estado laico.

 La segunda se refiere al contrato millonario que la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha firmado con el Arzobispado de la misma diócesis, para  contratar 73 capellanes para los 26 Hospitales públicos. Según El Diario: "El convenio, sellado por cuatro años pero renovable hasta ocho, tiene un coste anual para el erario público de alrededor de un millón de euros (937.187,76) en salarios, a lo que hay que sumar los impuestos asociados a su contratación y los "gastos de adquisición, mantenimiento y renovación del equipamiento necesario del servicio". Este contrato está de acuerdo  con el Artículo IV del Acuerdo firmado entre la Santa Sede y el Estado español, el 3 de Enero de 1979, sobre Asuntos Jurídicos, aún vigente, que dice: 

1. El Estado reconoce y garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos y centros similares, tanto privados como públicos.

2. El régimen de asistencia religiosa católica y la actividad pastoral de los centros mencionados que sean de carácter público serán regulados de común acuerdo entre las competentes Autoridades de la Iglesia y del Estado. En todo caso, quedará salvaguardado el derecho a la libertad religiosa de las personas y el debido respeto a sus principios religiosos y éticos.

En esto nada que objetar, pero si lamentar, en primer lugar, que no hayan prosperado los intentos de Acuerdos similares con la Comisión Islámica ni con el Consejo Evangélico, lo que nos parece una discriminación abusiva.

Por otra parte, Álvaro Sánchez comenta en Infolibre: "La firma de este convenio llega en plena tormenta por la falta de rastreadores en la región. Según informó este miércoles el vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio Aguado, la comunidad sólo cuenta en la actualidad con 182 rastreadores. Tiene, en resumen, menos de uno por cada 30.000 habitantes, una proporción que es entre seis y siete veces menor que lo que se estima necesario. La Comunitat Valenciana, que es la que dispone de un mayor número de estos expertos, dispone de 1.008, lo que equivale a uno por cada mil habitantes. Por eso, la decisión del Ejecutivo regional de renovar en plena pandemia el convenio de asistencia religiosa con la Iglesia ha causado un enorme revuelo político. “A falta de rastreadores del virus, la Comunidad de Madrid antepone los rastreadores de almas”, criticaba en redes sociales el diputado de Más Madrid en el Parlamento regional Hugo Martínez Abarca. Si no antepone, si parece que gasta más dinero en estos capellanes de hospitales, que en los rastreadores del virus.


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Antonio Moreno de la Fuente
Miembro de las Comunidades Cristianas Populares- Sevilla


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